La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) realizó este lunes una serie de reclamaciones, como el pago a confidentes. La organización considera que la Agencia Tributaria debe disponer de fondos para el pago de informaciones confidenciales de las que se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas, y comprar datos tributarios.

En este sentido, en rueda de prensa, el presidente de la organización, Julio Ransés Pérez Boga, explicó que se pide una figura similar a la que utiliza el Ministerio del Interior para la Policía o Guardia Civil.

En paralelo, la IHE reclama recuperar las competencias de control sobre las sicav o poder realizar actuaciones sin conocimiento del obligado tributario.

Otra de las iniciativas que cree necesaria es la publicidad de morosos y defraudadores, con el diseño de un censo de condenados por delito, sancionados y deudores, en el figure el nombre, el NIF y el importe pendiente de pago, entre otros aspectos.

En otro orden de cosas, apuesta por que la Agencia Tributaria se “autofinancie”, lo que podría lograrse, entre otras cosas, con el 18% de sus actos de liquidación y gestión recaudatoria, el cobro de determinados servicios prestados para otros órganos y administraciones y por la participación de los funcionarios en procesos concursales o judiciales, y los rendimientos de los bienes y valores que constituyan su patrimonio.

Limitar los cargos directivos

Tras los escándalos que provocaron la dimisión del jefe de Inspección, la IHE considera que el nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria, en el que el Gobierno trabaja, garantice la “independencia” y “estabilidad” de la organización.

Por ello, propone que el director general sea nombrado por el Parlamento, por mayoría cualificada de dos tercios, por un periodo de cinco años, renovable por otros cinco, y con causas de destitución reguladas.

Desde IHE denunciaron que una cuestión que incide en el funcionamiento de la Agencia Tributaria y su “baja” eficacia en la lucha contra el fraude se encuentra la cantidad de puestos “pseudos-directivos” existentes y su modo de nombramiento.

Pérez Boga explicó que en 21 años la Agencia Tributaria ha tenido 11 directores generales, y que cada vez que se nombra a uno nuevo supone una cascada de cambios que afecta a unos 200 ó 250 puestos. El organismo, subrayó, “ha cambiado de raíz 11 veces, más de un cambio cada dos años”, lo que es “terrible para la estabilidad” de una organización.

En esta materia, piden que se regule de modo limitativo los puestos directivos y que los cargos los ocupen funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, designado en base a principios de mérito y capacidad, experiencia e idoneidad, mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Además, apuestan por que sean cargos sujetos a evaluación, responsabilidad y control de los resultados, con incentivos al rendimiento.

‘Algo hay que hacer con el IVA’

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado considera que sería necesario hacer cambios en el IVA porque “hay un problema”, aunque “no es el momento apropiado” debido al bajo nivel del consumo en la actualidad.

“Hay que hacer algo” con el IVA, ha dicho su presidente, a la luz de los datos de la Unión Europea, que muestran que la recaudación por este impuesto en España es más baja que la de los países de su entorno.

“Estamos casi a la cola”, agregó. En este sentido, apuntó que en esto “sin duda tiene algo que ver el elevado número de bienes que tenemos en tipo reducido y súper reducido”.

En todo caso, el presidente de la organización reconoció que “no es el momento apropiado, porque el consumo está bajo mínimos”.

Por otra parte, Pérez Boga señaló que los inspectores apuestan por una rebaja de los tipos del IRPF, ya que el tipo marginal es “tan elevado” que provoca la tentación de crear sociedades ficticias para pagar menos impuestos.

Además, los inspectores defienden que se puedan deducir gastos personales en el IRPF. También proponen que se reduzca el uso del régimen de módulos, sólo para aquellos empresarios que trabajen con personas físicas o particulares, “ya que son potenciales generadores de facturas falsas”.

En el caso del Impuesto de Sociedades defienden la rebaja del tipo para desincentivar medidas de planificación fiscal.

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